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de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa
y la flexibilización de las trayectorias.
VII
El aumento de la autonomía de los centros es una recomendación reiterada de la OCDE para mejorar los
resultados de los mismos, necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la rendición de
cuentas. Pese a la reiteración formal de la LOE sobre la importancia de la autonomía, las encuestas
internacionales siguen marcando este factor como un déficit de nuestro sistema. Es necesario que cada centro
tenga la capacidad de identificar cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para así poder
tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y metodológica en ese ámbito, en relación directa,
cuando corresponda por su naturaleza, con la estrategia de la administración educativa. Esta responsabilidad
llevará aparejada la exigencia de demostrar que los recursos públicos se han utilizado de forma eficiente y que
han conducido a una mejora real de los resultados. La autonomía de los centros es una puerta abierta a la
atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, que mantiene la cohesión y unidad del sistema y abre nuevas
posibilidades de cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido.
La reforma contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de los centros, confiriendo a
los directores, como representantes que son de la Administración educativa en el centro y como responsables
del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión. Por otro lado, se
potencia la función directiva a través de un sistema de certificación previa para acceder al puesto de director, y
se establece un protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los
resultados obtenidos al implementarlas. Pocas áreas de la administración tienen la complejidad y el tamaño que
tiene la red de centros públicos educativos; siendo conscientes de su dificultad y del esfuerzo que supone para
sus responsables, mejorar su gestión es un reto ineludible para el sistema.
VIII
Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales novedades de la LOMCE con
respecto al marco anterior y una de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del
sistema educativo. Veinte países de la OCDE realizan a sus alumnos y alumnas pruebas de esta naturaleza y las
evidencias indican que su implantación tiene un impacto de al menos dieciséis puntos de mejora de acuerdo con
los criterios de PISA.
Estas pruebas tendrán un carácter formativo y de diagnóstico. Por un lado deben servir para garantizar que
todos los alumnos y alumnas alcancen los niveles de aprendizaje adecuados para el normal desenvolvimiento de
la vida personal y profesional conforme el título pretendido, y además deben permitir orientar a los alumnos y
alumnas en sus decisiones escolares de acuerdo con los conocimientos y competencias que realmente posean.
Por otro lado, estas pruebas normalizan los estándares de titulación en toda España, indicando de forma clara al
conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia requeridos e introduciendo elementos de
certeza, objetividad y comparabilidad de resultados. Además, proporcionan a los padres, a los centros y a las
Administraciones educativas una valiosa información de cara a futuras decisiones. El objetivo de esta evaluación
es la mejora del aprendizaje del alumno o alumna, de las medidas de gestión de los centros y de las políticas de
las Administraciones.
