47 ISSNe 2445-365X | Depósito Legal AB 199-2016 Nº 36 - DICIEMBRE 2024 niñas conectadas tendrían un mejor desarrollo social, cultural y mayores oportunidades laborales. En el contexto actual, esta exclusión tecnológica se vuelve preocupante, ya que es la herramienta principal para que las poblaciones estudiantiles puedan continuar en el sistema educativo. Las plataformas virtuales y la incorporación de trabajos digitales se han convertido en un requisito durante el periodo de aislamiento decretado desde marzo 2020. Aunado, a la precariedad laboral a la que están sujetos los docentes para lograr la mayor inclusión posible de sus estudiantes al sistema educativo. En el contexto del Covid-19 se plantea con mayor fuerza el debate del acceso a internet como un derecho humano. Según datos de la Cepal (Rojas, Poveda y Grimblatt, 2016), Costa Rica es de los países de América Latina con mayor cobertura de internet. En el 2016, era el número uno en acceso a internet por dispositivos móviles. Ha tenido una evolución creciente desde el inicio del 2010, aunque se observa una brecha sustancial entre los hogares de zona urbana frente a los de zona rural, mostrándose así una desventaja que viene a significar una desigualdad educativa en el contexto del Covid-19. A pesar de esta información tan esperanzadora, el acceso a internet fijo sigue siendo una limitante y no presentó la misma alza que con el internet móvil. Entonces, a pesar de que el acceso a internet está cubierto para la mayor parte de la población, este no ha tenido una buena calidad para todas las zonas del país, la ruralidad y los territorios más alejados de las urbes, son los que presentan mayor deficiencia en la conectividad. La brecha digital entre los hogares más pobres y ricos es una realidad en el país, ahí, es donde se presenta el principal reto a asumir a nivel de sistema educativo. En Costa Rica, según estadísticas del PEN (2020), tan solo el 48,4% de los hogares más pobres cuentan con la modalidad fija, mientras que, en los hogares más ricos ese porcentaje se incrementa al 80,5%; más de la mitad de la población en condición de pobreza no tiene conexión a internet o es limitado. La relación entre pobreza y acceso a la educación virtual es preocupante, ya que, las últimas estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares revelan que del 2019 al 2020 la pobreza se incrementó de 21,0% a 26,2% y la pobreza extrema de 5,8% al 7% (INEC, 2020, p. 49). Esto significa, en términos de acceso a la educación que de un año a otro hay más hogares con menores posibilidades de cubrir las necesidades básicas para que niños, niñas y adolescentes puedan permanecer en el sistema educativo de manera exitosa. Para julio del 2020, el porcentaje de hogares pobres sin acceso a internet fue del 20%, incrementándose en 4,5 puntos con respecto al año anterior (INEC, 2020, p. 63). En este sentido, las condiciones socioestructurales, familiares y económicas tienen incidencia en la permanencia y el acceso a la educación presencial. En contextos donde los y las estudiantes pasan el mayor tiempo en los centros educativos el clima familiar afecta, pero no en la misma medida que con la declaratoria de la cuarentena. Así, en el hogar, no se puede hablar de solventar la brecha de tecnología e internet si el clima familiar representa un deterioro para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y emocional del estudiantado. De esta forma, los mecanismos a nivel MEP deben llevar interseccionados con otros actores e instituciones sociales. De acuerdo con Prieto (2015), el ser humano es concebido como un ser biopsicosocial, que la en la mayoría de los casos, desde su nacimiento, es incluido dentro de una familia. Así, la familia se convierte en el primer ente socializados y el primer contacto de todo ser humano, y como tal, debe garantizar el desarrollo integral de todos sus miembros. Por tanto, no se puede pasar por alto en esta discusión, que las condiciones familiares a las que están sujetos las y los estudiantes genera afectaciones en el desarrollo educativo. La violencia, el hacinamiento y las condiciones de precariedad económica ponen en riesgo el aprendizaje, el rendimiento y la permanencia en el sistema educativo. Con la pandemia, Gráfico 2. Costa Rica: número de viviendas con acceso a internet según zona geográfica, 2010-2015 (extraído de Rojas, Poveda y Grimblatt, 2016).
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