La Enseñanza Virtual en contextos de Pandemia

Resumen: Este artículo se enmarca en el contexto originado por la pandemia a raíz del Covid-19 y el impacto y necesidad de la enseñanza virtual que tuvo lugar en consecuencia en los centros educativos costarricenses. Se presenta como objetivo problematizar la brecha digital que se evidenció con esta situación y poner de manifiesto la necesidad de implementar correctamente una educación inclusiva acorde a la actualidad digital. De este modo, se concluye que el acceso digital es solo el primer paso para garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia similares, para generar climas de trabajo idóneos en los que la educación digital ayude tanto a docentes como alumnos.

 

Palabras clave: Competencia Digital; Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Educación a distancia; Educación online; Enseñanza virtual; Mediación pedagógica; Brecha digital; Inclusión educativa.

 

Abstract: This article is framed in the context of the pandemic caused by Covid-19 and the resulting impact and need for e-learning in Costa Rican schools. The aim is to problematise the digital divide that has emerged in this situation and to highlight the need to properly implement inclusive education in line with the current digital situation. It concludes that digital access is only the first step in guaranteeing the right to education in similar emergency situations, in order to create ideal working environments where digital education helps both teachers and students.

 

Key words: Digital competence; Information and communication technologies ICT; Distance education; Online education; Virtual education; Pedagogical mediation; Digital divide; Educational inclusion.

LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN CONTEXTOS DE PANDEMIA

La crisis mundial del Covid-19 ha repercutido en una serie de cambios abruptos para la educación. Tanto para la población docente como para las y los estudiantes y sus responsables legales. La brecha tecnológica, los factores contextuales y familiares han generado dinámicas diferenciadas para la población estudiantil, incrementado las brechas educativas, para quienes, de por sí, el sistema educativo ya venía excluyendo. De esta forma, las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema son las que más han sido golpeadas por esta emergencia mundial. Aunque, se debe considerar que los factores que influyen en la permanencia de las poblaciones estudiantiles van más allá de los recursos económicos para continuar los estudios.

La Enseñanza Virtual en Contextos de Pandemia #CedRevistaDigitalDocente Compartir en X

En este sentido, el sistema educativo costarricense ha generado una serie de plataformas virtuales para lograr atender, de forma casi inmediata, la ausencia de clases presenciales, sin embargo, no contempla una serie de factores inmersos en la educación a distancia, como lo asociado a las condiciones de los docentes, estudiantes y familiares, lo cual permita garantizar los procesos de enseñanza significativa. Aquí sobresalen en primer lugar las brechas tecnológicas que enfrentan las niñas, niños y adolescentes; segundo, los climas familiares que repercuten en el desarrollo cognitivo y de aprendizaje y; tercero la disposición y capacidad del Estado y el Ministerio de Educación Pública (MEP) en garantizar el derecho a la educación en el contexto del Covid-19.

Por tanto, en el presente artículo se desarrollan estos retos a la luz del contexto actual costarricense, los mecanismos que ha adoptado el MEP y modelos de estrategias que se podrían implementar según los dos actores protagonistas en la formación pedagógica: el sistema educativo y la planta docente. El eje que orienta esta discusión es vislumbrar que la brecha digital y la creación de plataformas es la columna vertebral en el contexto de la enseñanza virtual, pero no se agota ahí, ni garantiza el acceso a la educación, ya que este es un concepto más amplio que la sola transmisión de contenidos y aplicación de evaluaciones.

El derecho a la educación en Costa Rica

Dentro de la normativa internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo N°26, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Ley N°7184, establecen que todo niño y niña tiene derecho a una educación gratuita, en donde todos dispongan y tengan acceso a ella, lo cual garantice la igualdad de oportunidades para todos. (MEP, 2013, p.29-30). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Ley N°4229: Art. N°13 y la Carta Democrática Interamericana, aprobada por Costa Rica en la XXXI Asamblea General de la OEA: Art. N°16, mencionan que la enseñanza primaria debe ser obligatoria, gratuita y asequible para todos, incluidos los niños y niñas que habitan en zonas rurales, así como aquellos que pertenecen a las minorías. (MEP, 2013, p.31-32). El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Ley N°7739, Art. N°59 y N°78, menciona que el derecho a la educación debe darse de forma gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Para lo cual el Estado debe facilitar el acceso tecnológico en todos los niveles de la educación. (MEP, 2013, p.29)

En el artículo N°78 de la Constitución Política, se establece que todo niño, niña o adolescente que habite en Costa Rica, tiene el derecho y la obligación de acceder a la educación preescolar, general básica y a la educación diversificada. Este derecho es irrestricto y no se puede limitar, por ningún motivo. (MEP, 2013, p.29). Además, en cuanto al acceso a esta, la Constitución Política: Art. N°78 dicta que el Estado deberá facilitar el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. Aunado a lo anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. N°26 dice que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, en donde la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos. (MEP, 2013, p.29).

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Ley N°7184: Art. N°28. reconoce el derecho del niño a la educación ejercido progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Ley N°4229: Art. N°13, suscribe que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. (MEP, 2013, p.31)

La pobreza y la brecha digital en estudiantes

Ahora bien, en cuanto a la exclusión de estudiantes relacionado al acceso a herramientas tecnológicas, no se trata de un fenómeno reciente en el mundo, en relación a esto la Unicef (2017, 1) estima que los niños y niñas que han accedido a la tecnología digital “puede cambiar su situación de los niños que han quedado atrás, al conectarlos a numerosas oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital”. Estas herramientas no solo los prepara para la innovación y el mundo globalizado, sino que, también les aventaja en el sistema educativo. Según, Unicef (2017, 8) “la conectividad repercute en los procesos cognitivos, el aprendizaje y el desarrollo social y emocional”, pero, quienes no están conectados “se están perdiendo de toda la gama de contenido y oportunidades que disfrutan sus compañeros mejor conectados” (Unicef, 2017,8).

Según información de Unicef 2017, los países y a su vez las poblaciones más empobrecidas son las que han presentado menor acceso a internet, equipos móviles o computadoras, así mismo, han presentado un uso deficiente o limitado de estas tecnologías. El 81% de las poblaciones de países desarrollados usan internet frente a un 40% en los países en vías de desarrollo y un 15% de los más pobres (Unicef, 2017, p. 17). En esta línea, el acceso a las tecnologías digitales ha llegado a un punto de importancia social que puede marcar la diferencia entre estar incluido o excluido del sistema. La Cepal, desde el 2012, apuntaba a estas mismas conclusiones, niños y niñas conectadas tendrían un mejor desarrollo social, cultural y mayores oportunidades laborales.

En el contexto actual, esta exclusión tecnológica se vuelve preocupante, ya que es la herramienta principal para que las poblaciones estudiantiles puedan continuar en el sistema educativo. Las plataformas virtuales y la incorporación de trabajos digitales se han convertido en un requisito durante el periodo de aislamiento decretado desde marzo 2020. Aunado, a la precariedad laboral a la que están sujetos los docentes para lograr la mayor inclusión posible de sus estudiantes al sistema educativo.

En el contexto del Covid-19 se plantea con mayor fuerza el debate del acceso a internet como un derecho humano. Según datos de la Cepal (Rojas, Poveda y Grimblatt, 2016), Costa Rica es de los países de América Latina con mayor cobertura de internet. En el 2016, era el número uno en acceso a internet por dispositivos móviles. Ha tenido una evolución creciente desde el inicio del 2010, aunque se observa una brecha sustancial entre los hogares de zona urbana frente a los de zona rural, mostrándose así una desventaja que viene a significar una desigualdad educativa en el contexto del Covid-19. A pesar de esta información tan esperanzadora, el acceso a internet fijo sigue siendo una limitante y no presentó la misma alza que con el internet móvil.

 

Entonces, a pesar de que el acceso a internet está cubierto para la mayor parte de la población, este no ha tenido una buena calidad para todas las zonas del país, la ruralidad y los territorios más alejados de las urbes, son los que presentan mayor deficiencia en la conectividad. La brecha digital entre los hogares más pobres y ricos es una realidad en el país, ahí, es donde se presenta el principal reto a asumir a nivel de sistema educativo. En Costa Rica, según estadísticas del PEN (2020), tan solo el 48,4% de los hogares más pobres cuentan con la modalidad fija, mientras que, en los hogares más ricos ese porcentaje se incrementa al 80,5%; más de la mitad de la población en condición de pobreza no tiene conexión a internet o es limitado.

La relación entre pobreza y acceso a la educación virtual es preocupante, ya que, las últimas estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares revelan que del 2019 al 2020 la pobreza se incrementó de 21,0% a 26,2% y la pobreza extrema de 5,8% al 7% (INEC, 2020, p. 49). Esto significa, en términos de acceso a la educación que de un año a otro hay más hogares con menores posibilidades de cubrir las necesidades básicas para que niños, niñas y adolescentes puedan permanecer en el sistema educativo de manera exitosa. Para julio del 2020, el porcentaje de hogares pobres sin acceso a internet fue del 20%, incrementándose en 4,5 puntos con respecto al año anterior (INEC, 2020, p. 63).

En este sentido, las condiciones socioestructurales, familiares y económicas tienen incidencia en la permanencia y el acceso a la educación presencial. En contextos donde los y las estudiantes pasan el mayor tiempo en los centros educativos el clima familiar afecta, pero no en la misma medida que con la declaratoria de la cuarentena. Así, en el hogar, no se puede hablar de solventar la brecha de tecnología e internet si el clima familiar representa un deterioro para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y emocional del estudiantado. De esta forma, los mecanismos a nivel MEP deben llevar interseccionados con otros actores e instituciones sociales.

De acuerdo con Prieto (2015), el ser humano es concebido como un ser biopsicosocial, que la en la mayoría de los casos, desde su nacimiento, es incluido dentro de una familia. Así, la familia se convierte en el primer ente socializados y el primer contacto de todo ser humano, y como tal, debe garantizar el desarrollo integral de todos sus miembros.

Por tanto, no se puede pasar por alto en esta discusión, que las condiciones familiares a las que están sujetos las y los estudiantes genera afectaciones en el desarrollo educativo. La violencia, el hacinamiento y las condiciones de precariedad económica ponen en riesgo el aprendizaje, el rendimiento y la permanencia en el sistema educativo. Con la pandemia, según la INEC (2020, p. 63) el hacinamiento está afectando al 26,9% de los hogares pobres. Actualmente, en los hogares pobres el 10,1% de los adolescentes no asiste a la educación y el 30,0% de los menores en edad de estudiar presentan rezago escolar, mientras que en los hogares no pobres estos indicadores disminuyen a 4,1% y 10,2% respectivamente (2020, p. 65)

Las adecuaciones del ministerio en tiempos de pandemia 

Los retos que se presentan con la actual emergencia mundial sobrepasan lo que hasta hoy se había concebido dentro del sistema como acceso universal y gratuito a la educación, en ningún otro contexto social, el acceso a internet y a las tecnologías de información habían sido un requisito indispensable para mantenerse estudiando. La educación primaria presencial había estado cubierta en casi todo el territorio nacional. Hoy, a diez meses de la pandemia, el sistema nacional público no ha logrado asegurar esa cobertura educativa. En este sentido, la responsabilidad de la asistencia a las aulas de niños, niñas y adolescentes sobrepasa las funciones del MEP e intervienen actores institucionales que habían estado poco presentes en estas acciones.

Esta información nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son las estrategias que ha implementado el MEP como sistema para aplicar la educación a distancia? Ante esto, se establece una transición educativa a la modalidad no presencial basada en la atención diferenciada a estudiantes de acuerdo a cuatro criterios: quienes tengan acceso a internet y dispositivos; quienes tengan los dispositivos pero conectividad reducida; quienes cuenten con los dispositivos pero no con la conectividad y; quienes no cuentan con ninguno de los dos requisitos (MEP, 2020, p. 5) Esta atención requiere el compromiso docente y familiar para el cumplimiento de cargas educativas. La estrategia más desarrollada fue la habilitación de una plataforma virtual para la realización y el seguimiento de las actividades docentes.

Por último, la directriz crea a su vez, nuevas obligaciones también para estudiantes y familiares, ya que deberán estar en continuo seguimiento y monitoreo de las actividades académicas, evaluaciones y modificaciones que se vayan realizando en la marcha del ciclo lectivo, así como, la comunicación constante con las y los docentes. El MEP propone la planificación y elaboración de guías de trabajo autónomo, las cuáles “deben ser construidas poniendo en práctica múltiples formas de motivación, representación (con materiales diversos y accesibles) y expresión. Se debe tener muy presente los diferentes niveles de logro de cada una de las personas estudiantes” (MEP, 2020 p.16).

Retos que enfrentan los docentes

Según información del estado de la educación, el 71% de los docentes reporta tener conexión estable a internet, este es imprescindible para el desarrollo de las clases virtuales, pero, hay que tener presente que el internet no asegura el mejor desarrollo pedagógico: “Es necesario tener destrezas tecnológicas para transmitir de forma clara contenidos y didácticas apropiadas para mantener el interés de los estudiantes” (León y Gómez, 2020, sp).sumado a que el 25% de los docentes reportó no tener acceso a internet y en su mayoría no han contado con herramientas para la enseñanza. En promedio, el 56% de los docentes de todos los niveles educativos no cuenta con formación para implementar herramientas virtuales

El cuerpo docente ha tenido que establecer contacto con estudiantes y sus familiares para dar seguimiento al proceso educativo, siendo, una mayoría de las y los profesores que han acatado esta nueva directriz del MEP (León y Gómez, 2020), aunque, los datos reflejan que el profesorado más preparado en herramientas virtuales es también el que ha tenido mayor disposición para mantener el contacto virtual entre sus estudiantes y familiares. A pesar de esta mayoría, se reportó que un 6% de la planta docente no había hecho ningún contacto con los estudiantes a mayo del 2020 (León y Gómez, 2020). De este modo, los investigadores concluyen lo siguiente:

El ciclo lectivo 2020 con clases a distancia por la pandemia por Covid-19, enfrenta tres nuevos nudos importantes: problemas en la calidad de conexión a internet del personal docente; deficiencias en su formación en temas de educación virtual; y exclusión de un grupo de estudiantes que ha tenido poco o nulo contacto con sus docentes y, por ende, a los procesos pedagógicos desarrollados. Esta combinación de factores profundiza las brechas del sistema educativo y eleva la urgencia de una respuesta del MEP (León y Gómez, 2020).

En este sentido se presenta un doble reto. Por un lado, docentes deben aprender e incorporar las mejores estrategias para garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes y, estos últimos, junto a las personas responsables deben asimilar este cambio en la modalidad educativa. Por otro lado, garantizar el acceso y permanencia de los y las estudiantes al sistema educativo. Hasta este momento, ninguno de estos actores se había preparado para enfrentar una modalidad no presencial. Por tanto, este proceso ha sido, sobre todo, “aprender en el hacer”. Antes esto, el Estado y el sistema educativo del MEP debe establecer directrices coordinadas e integrales entre los diversos actores interinstitucionales para que la garantía del derecho de inclusión educativa no recaiga en los docentes, estudiantes y familiares.

¿Sustituye la virtualidad la enseñanza presencial?

La enseñanza a distancia, como ya se ha mencionado ampliamente, representa un reto para todos los actores sociales involucrados. Hay que mencionar que, más allá de las dificultades que ha presentado para su implementación también se debe aprovechar como una nueva plataforma que facilite las herramientas pedagógicas y enriquezca los conocimientos del estudiantado. Autores como Bittencourt, Fialho y Ponce (2017) ya nos mencionan sobre esas ventajas y desventajas que presenta este nuevo modelo educativo.

Por un lado, Bittencourt, Fialho y Ponce (2020), establecen que “el hecho de que el docente esté físicamente distante de los estudiantes conducirá a una disminución en el rendimiento escolar y pérdidas en el aprendizaje” (p. 35), a esto también se suman otras desventajas, como el requerimiento de capacitación del profesorado en cuanto a herramientas tecnológicas; en los estudiantes, falta de madurez, responsabilidad y escasa formación para el manejo de tecnologías digitales; como único aspecto positivo se destacó una menor inversión en educación por parte del estado. Aspectos que ya se han presentado en estos meses del contexto Covid-19. Sin embargo, la etapa de preparación y adaptación es un punto que ya está encaminado por la obligatoriedad de utilizar esta metodología.

En Torres (2017) se analiza que la educación a distancia debe verse como una respuesta a las necesidades que ya se venían mostrando con el nuevo siglo, así como lo ha establecido la Unicef en cuanto a la brecha digital. Las desventajas están en el punto de encuentro entre el docente y el estudiante, la mediación pedagógica y la realimentación más lenta, además puede presentarse baja interacción social entre el o la docente y el estudiantado. Entre las ventajas más destacadas se encuentra al estudiante como protagonista del aprendizaje, la o el profesor puede hacer las clases de forma asincrónica, se estimula el aprendizaje autónomo y favorece la autorregulación. Aspectos que han estado desarrollados desde las directrices del MEP.

En este sentido, la autonomía del estudiantado es un aspecto que ha estado altamente señalado en estudios críticos de la pedagogía, como los aportes de Paulo Freire. Desde Vallin (2014), la educación a distancia presenta un reto central que es el trabajo integrado de diferentes actores, es decir, una docencia colectiva que en el proceso permita “emitir comunicados, problematiza, discutir, reflexionar sobre desafías por medio de la acción practica” (p. 82). Así, que esta modalidad educativa debe estimular estos aspectos en lugar de encausar la enseñanza al modelo “bancario de conocimientos”, que, a su vez, permita crear mayor motivación entre los estudiantes. También, el traer a colación el modelo de Freire permite crear interacciones grupales en las plataformas virtuales.

Estrategias que pueden tomar las y los docentes ante el reto de la educación a distancia

La planta docente del MEP se ha tenido que enfrentar a las nuevas plataformas tecnológicas y a adecuar las herramientas pedagógicas, por ello, el Ministerio ha creado una serie de apoyos educativos para que esta población pueda hacer frente a este nuevo reto. Poniendo a disposición de las personas funcionarias: la Caja de Herramientas; la plataforma MOOC; un curso virtual y sesiones de entrenamiento de Microsoft Teams y; atención de consultas y apoyo de sectores aliados. A su vez, actividades virtuales para el estudiantado y familiares en la plataforma Aprendo en Casa (MEP, 2020, p. 12).

En la nueva directriz, se enfatiza en el rol tan importante que adquieren los docentes y jefaturas administrativas del centro educativo, por un lado, en mantener la comunicación y el contacto con estudiantes y familiares. Por otro lado, en identificar las limitantes que pueda tener la población estudiantil para el desarrollo efectivo de la educación a distancia. Así mismo, hay que considerar que este cambio en la modalidad educativa se debe implementar gradualmente tomando en cuenta el proceso de asimilación de todas las partes involucradas en este proceso de enseñanza y el equilibrio en las cargas académicas.

Se incentivan los materiales impresos para aquellos estudiantes que presenten limitaciones en el acceso a internet o dispositivos tecnológicos, esto para asegurar el trabajo continuo de aprendizaje de las y los estudiantes. Esto requiere de mayor adaptación del docente sobre las clases, ya que debe incorporar técnicas tradicionales de la enseñanza presencial en la modalidad de educación a distancia, lo cual significa un alto desafío. Es rescatable que todas las plataformas que estará ofreciendo el MEP para asegurar la virtualidad son de acceso gratuito incluyendo el Office 365, herramienta central en las clases.

Las estrategias o actividades asincrónicas son aquellas que se dan fuera del tiempo sincrónico de una clase, en el caso de este apartado se consideran aquellas estrategias que además de ser asincrónicas no implican el tener acceso a internet. Algunas de las estrategias anteriormente mencionadas son ejemplos de actividades que pueden darse de manera asincrónica como: esquemas, planteamiento de problemas cotidianos, actividades de autoevaluación, mapas conceptuales, análisis de casos, resúmenes, líneas de tiempo, analogías o comparaciones etc. (Andrés et al, 2020).

Por tanto, la mediación virtual aporta una metodología que puede ser novedosa y deseable siempre y cuando se genere un sistema social que garantice el acceso de las poblaciones más vulnerables y exija a nivel Ministerio el efectivo desarrollo del aprendizaje. En este camino, las estrategias para que los docentes y los conocimientos sean transmitidos y reflexionados debe trascender la disposición individual a un sistema organice y garantice estas formas educativas, si no, veríamos un retroceso en la educación más que el aprovechamiento de las tecnologías para incrementar las capacidades de las niñas, niños y adolescentes. Así, la mediación virtual debe ser toda una metodología pedagógica y no solo una plataforma tecnológica.

Sin embargo, la autonomía no debe ser confundida con el abandono a los y las estudiantes, o el delegar las funciones de aprendizaje al entorno familia. Deben tomarse medidas y estrategias diferenciadas entre estudiantes con acceso a los equipos tecnológicos e internet respecto a aquellos que no tienen acceso. Por ejemplo, utilizar aplicaciones que son de acceso generalizado como WhatsApp para distribuir la información y las explicaciones de los contenidos, en el caso de estudiantes que no cuentan con los recursos para seguir sincrónicamente las clases virtuales o acceder a los contenidos en línea.

Es un hecho que la aplicación de la enseñanza virtual incorpora retos que no estuvieron presentes antes de la emergencia sanitaria y a la vez, revela problemáticas que ya se venían arrastrando a nivel del sistema educativo y que no tuvieron la atención pertinente. Así, actualmente, la brecha digital se ha convertido en una problemática a nivel mundial y un factor de exclusión educativa. Los hogares más pobres son a la vez, los que no cuentan las herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan incorporarse de manera efectiva en las clases sincrónicas, revisar materiales didácticos e implementar el proceso de aprendizaje autónomo. El acceso a internet es limitado o inexistente para algunas poblaciones estudiantiles, así como, los aparatos tecnológicos, por tanto, las modalidades de enseñanza virtual deben generar estrategias para que dichos estudiantes “no se queden atrás” en el proceso de aprendizaje, ni sean expulsados del sistema educativo.

Se deben formar a las y los docentes para que puedan implementar metodologías sincrónicas y asincrónicas en los modelos de enseñanza. La explicación de los contenidos debe ser un aspecto insustituible en el proceso educativo, esta, debe llegar a todas las niñas, niños y adolescentes del país. A su vez, la planta docente debe tener los conocimientos básicos para poder crear e implementar metodologías enfocadas a los contextos de sus estudiantes, así, poder asegurar que los conocimientos estén llegando a todo el estudiantado. Entonces, la virtualidad debe ser una herramienta pero que no sustituya el dialogo y la conexión pedagógica entre los docentes y lo estudiantes.

A nivel institucional del MEP, sí, se deben crear los materiales, plataformas, aplicaciones y suministrar el acceso a los dispositivos y aparatos tecnológicos. Pero, también, debe crear estrategias viables y eficaces para que la problemática de la brecha digital no recaiga en las y los docentes ni en los familiares. Al mismo tiempo, para que el estudiantado esté participando de un proceso de aprendizaje real, colectivo y dirigido por las y los docentes. Entonces, se debe desarrollar una estrategia que sea tanto sincrónica como asincrónica, para que las y los estudiantes puedan acceder al conocimiento independientemente de las limitantes tecnológicas que se puedan presentar a nivel de hogar.

Finalmente, el Estado debe generar mecanismos de acceso digital y tecnológico para las poblaciones más empobrecidas. De igual forma, climas familiares óptimos para la población menor de edad. Esto, en coordinación con las diferentes instancias educativas y sociales. Para así, empezar a disminuir desde ya, factores que ponen en riesgo la inclusión y permanencia en los sistemas educativos costarricenses. Las niñas, niños y adolescentes deben permanecer aprendiendo y la sociedad costarricense no debe permitir un retroceso en los modelos de enseñanza y de universalización de la educación.

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